La Administración desoye a Europa y a la reforma laboral con un 30% de temporalidad
La tasa pública dobla al sector privado, que logra el nivel más bajo en décadas al situarse en el 14,7%
Ocho de cada diez empleos públicos que se han creado son temporales
La reforma laboral cumple año y medio de aplicación, un periodo en el que las empresas, a golpe de legislación, han dado un giro radical en el modelo de contratar. Durante este tiempo la estabilidad, muy apoyada en los contratos indefinidos fijos discontinuos ... y a media jornada, ha ido relegando a las fórmulas temporales, ancladas, sin embargo, en una economía muy marcada por la estacionalidad del turismo y la hostelería.
La excepción en este caso es el sector público, que todavía mantiene tasas de temporalidad 30%, el doble de la que registra el sector privado. De los 3,5 millones de trabajadores públicos que hay en España, casi 1,1 millones son temporales, según los datos de la EPA del tercer trimestre en los que se refleja que desde la entrada en vigor de la norma que recorta la precariedad en el sector público apenas 24.500 personas han dejado de tener un contrato precario.
CSIF, el sindicato mayoritario de funcionarios, ha manifestado su preocupación por la elevada precariedad pública, tras recordar que los procesos de estabilización en marcha deben estar concluidos a 31 de diciembre de 2024, cuando la tasa de temporalidad no deberá superar el 8% para dar cumplimiento a las exigencias europeas. La central que dirige Miguel Borra confía en que se empiecen a diseñar los Presupuestos de 2024 cuanto antes con la oferta de empleo público y esperan mantener en breve una reunión con Función Pública para adoptar medidas de choque.
El Tribunal de Justicia de Luxemburgo ya instó a España a acabar con el abuso de las interinidades y conminó al Gobierno a adoptar una solución. «La condición de interino es excepcional, se debe acabar cuanto antes con la temporalidad», señaló en su momento.
Tasa de temporalidad
En % sobre el total de contratos / Datos IVT de cada año
Sector privado
Sector público
31,4
30,9
30,0
28,1
27,7
27,4
27,1
23,6
25,9
25,4
23,0
23,7
18,5
14,7
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
ABC
Fuente: INE
Tasa de temporalidad
En % sobre el total de contratos
Datos IVT de cada año
Sector privado
Sector público
31,4
30,9
30,0
28,1
27,7
27,4
27,1
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ABC
Fuente: INE
Los hechos han demostrado que no ha sido así. Esta escalada de la temporalidad en la Administración se produce en un momento en el que el Gobierno ha abierto la puerta, por primera vez, a que los interinos que no hayan aprobado la oposición puedan desempeñar funciones propias de interventores y auditores del Estado, aunque sea de forma transitoria, lo que llegó a provocar una revuelta sin precedentes de estos colectivos -el cuerpo de élite de la Administración que se encarga de fiscalizar la adecuada utilización de los recursos públicos- contra la última convocatoria de acceso al cuerpo publicada por Hacienda, que permite que los aspirantes que no hayan aprobado la oposición puedan desempeñar funciones propias de interventores y auditores del Estado.
La losa de la estacionalidad
Mientras, en el sector privado la tasa de temporalidad está en los niveles más bajos en más de tres décadas. Los últimos datos de Estadística sitúan esa tasa en el 14,7%, casi la mitad que en el público. En el caso de la Administración, la reforma laboral no ha ayudado a rebajar la precariedad sencillamente porque no se ha aplicado. Y el problema, además, no tiene muy fácil solución, teniendo en cuenta que muchos de estos contratos temporales que realiza se asocian a actividades altamente marcadas por la estacionalidad, como ocurre en la enseñanza y en la sanidad.
Con todo, los cifras del desempeño del mercado laboral entre julio y septiembre publicadas por Estadística apunta a que el empleo público ocupa en nuestro país a un total de 3.534.700 personas, tras el repunte de 17.000 trabajadores en este periodo, contabilizando en esta cifra tanto a los funcionarios de la Administración General del Estado en todos sus niveles como a personal laboral y contrataciones de empresas públicas.
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